El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) resolvió que 10 personas físicas^[1] cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en el municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, consistentes en la manipulación de su precio, así como imponer la obligación de únicamente vender este alimento en el mostrador de las tortillerías. Asimismo, se sancionó a una persona física^[2] por haber coadyuvado en la realización de dicha conducta.

Esta investigación se abrió como resultado de una denuncia en la que se proporcionaron elementos que indicaban la realización de la conducta anticompetitiva, considerando también que la tortilla es un producto primordial en la alimentación de los mexicanos. En este sentido, un alza injustificada en su precio impacta directamente en el bolsillo de los consumidores, particularmente en los de menores recursos.

De acuerdo con la resolución del expediente (DE-043-2017), la conducta sancionada consistió en que la presidenta de la denominada “Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla de Ángel Albino Corzo” (Unión) coordinó, entre otras acciones, la firma de una carta entre productores, distribuidores y comercializadores de la tortilla del municipio mediante la cual solicitaron, el 10 de agosto de 2017, al gerente de la tienda Bodega Aurrerá ubicada en esta localidad, que nivelara o incrementara el precio del kilo de tortilla de maíz a 14 pesos, que era el acordado entre los miembros de la Unión.

Este hecho forma parte de un acuerdo implementado por la Unión, a través del cual pactaron el precio del kilogramo de tortilla en 14 pesos, que fue aplicado en las tortillerías de la localidad, así como imponer la obligación de únicamente vender este alimento en el mostrador de las tortillerías (prohibiendo su venta a domicilio). Para asegurar el cumplimiento del pacto, la organización amenazaba con el corte del suministro de gas LP a quienes incumplieran con el pacto.

La Comisión encontró que antes del acuerdo, el precio de la tortilla se ubicaba entre 12 y 13 pesos por kilogramo, por lo que se estimó, de manera conservadora, que el sobreprecio que pagó la población por este alimento durante el periodo en el que se realizó la práctica, de agosto de 2017 hasta al menos mayo de 2018, fue igual a 1 peso por kilogramo. Así, se calculó que el daño generado por esta conducta fue por 1 millón 260 mil pesos.

Por lo anterior, el Pleno de la COFECE sancionó a 11 personas físicas, 10 que cometieron la práctica monopólica absoluta y una por coadyuvancia, con multas que en conjunto suman 344 mil 108 pesos. Las sanciones se establecieron considerando la capacidad económica de los involucrados.

Una vez que se ha notificado la resolución a las partes, los agentes económicos sancionados tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la actuación de la Comisión mediante de un juicio de amparo indirecto.

^{[1] Yerida Patricia López Robledo (presidenta de la Unión); Osmar Darwin Pérez Roblero; Gotma Odalí Gallegos Fernandes; Jorge Armando Guillen López; Martha Torres Velasco; Ana Guillermina Peres Roblero; Roldán Ruiz Rodas; Uriel Moisés Olivares de León; Celestina Vázquez Escalante, y Hernán Zunun Guzmán.}

^{[2] José Ramón Salazar Ballinas, presidente de la agrupación de industriales de la tortilla “Somos Chiapas”.}