El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) resolvió en definitiva que existen barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado de suministro de leche bronca en el estado de Chihuahua, generadas por requisitos innecesarios establecidos en la Ley de Ganadería del estado y el Protocolo para la Inspección y Análisis de la Calidad e Inocuidad de la Leche (Protocolo), que dificultan y limitan la entrada de dicho producto cuando proviene de otras entidades. Esto reduce el volumen del lácteo que se oferta en el estado, poniendo en ventaja a los suministradores locales, y encareciendo el producto a los consumidores. Además, afecta de manera directa al programa de Liconsa, encaminado a atender a grupos vulnerables, al adquirir este insumo a mayores precios.

En el expediente de este asunto (IEBC-002-2017), la Comisión encontró barreras como:

• La obligación de obtener la autorización del estado para la entrada o salida de leche bronca.
• El Protocolo establece especificaciones, procedimientos y métodos para verificar la calidad de la leche bronca, que se aplican discrecionalmente en puntos de inspección únicamente al producto proveniente de otros estados.
• Estas revisiones, que surgen a raíz del Protocolo, conllevan tiempos de inspección que han provocado mermas a los suministradores no locales.
• La Ley otorga facultades a la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua para implementar las medidas tendientes a regular la producción de la leche.

Estas barreras, principalmente las generadas por la aplicación del Protocolo, reducen o impiden la posible participación de productores de leche bronca de municipios de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Además, generó un incremento de precios de la leche bronca en el estado, ya sea porque los productores locales encarecieron el producto ante una menor oferta del mismo, o porque a los foráneos se les incrementó el costo de logística y por los riesgos de pérdida provocada en los puntos inspección, lo que se tradujo en sobreprecios de entre 22 y 26 centavos por litro. Estos –considerando la producción del estado– generaron pérdidas por 279 millones 879 mil pesos, a partir de que se puso en marcha el Protocolo, en abril de 2017, y al menos hasta abril de 2018, toda vez que el mismo continúa en operación.

Para eliminar las barreras a la competencia señaladas, el Pleno de la Comisión emitió las siguientes recomendaciones:

A la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua: abrogar el Protocolo.

Al gobernador del estado de Chihuahua: derogar los artículos 16 y 20, inciso f del Acuerdo 184/2017 mediante los cuales se creó el Consejo Consultivo de la Leche y Productos Lácteos del estado de Chihuahua, a fin de eliminar el carácter obligatorio de los acuerdos realizados por dicho Consejo.

Al Congreso del estado: reformar la fracción I del artículo 126 y la fracción II del artículo 131 de la Ley de Ganadería para: i) especificar que la facultad de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua de regular la producción de la leche se refiere a que el producto cumpla normas de sanidad, sin que ello la faculte a limitar de forma discriminatoria la entrada de leche foránea, y ii) dar certidumbre sobre cómo se llevaría a cabo la inspección del producto, toda vez que esta solo es para comprobar que la leche transportada es la referida en la documentación.

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