La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) presentó ayer, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una querella contra varias personas que, de acuerdo con sus investigaciones, probablemente cometieron hechos que el artículo 254 bis del Código Penal Federal señala como delito de prácticas monopólicas absolutas.

Esta es la segunda vez que la Autoridad Investigadora de la COFECE hace uso de esta facultad, toda vez que tiene evidencias sobre la posible coordinación entre competidores en licitaciones públicas convocadas por el sector salud, al menos desde 2011 y hasta 2015, que afectaron las compras de bienes y servicios en diversas entidades del sector.

Las prácticas monopólicas absolutas generan la más grave afectación, desde la perspectiva de la competencia, al funcionamiento de los mercados y al bienestar del consumidor, dado que elevan los precios y disminuyen la cantidad y calidad de bienes o servicios ofrecidos. Es por ello, que la legislación mexicana establece sanciones penales que pueden llegar hasta diez años de cárcel para estas conductas. La colusión en el sector salud es particularmente grave pues los bienes y servicios adquiridos por las instituciones públicas inciden directamente sobre la atención que presta el Estado a la población.

Corresponderá al Ministerio Público de la Federación proseguir con la investigación iniciada por la Autoridad Investigadora de la COFECE – los resultados de esta última quedaron establecidos en el Dictamen de Probable Responsabilidad que emitió –, para posteriormente, si fuese el caso, judicializar la carpeta de investigación y ejercitar acción penal en contra de quienes resulten responsables de haber cometido el delito o haber participado en su comisión.

La acción penal solicitada es adicional e independiente al proceso administrativo que la COFECE tiene abierto en contra de las empresas y personas físicas que ya fueron emplazadas, las que se encuentran presentando pruebas y alegatos para su defensa. Al término del procedimiento seguido en forma de juicio, será el Pleno de la COFECE quien determine sobre su responsabilidad administrativa y, en su caso, impondrá las sanciones correspondientes, las cuales pueden alcanzar hasta 10% de los ingresos acumulables de cada agente económico inculpado.