El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) determinó que las empresas Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C. (Delfos); Especialistas en Medios, S.A. de C.V. (Especialistas en Medios) y SVS Internacional de México, S.A. de C.V (SVS), así como Emilio Otero Cruz,[1] y otras cuatro personas físicas que participaron en representación de algunas de estas empresas,[2] cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de seguimiento y/o monitoreo tematizado de información difundida en medios de comunicación y de servicios derivados como recopilación, organización, sistematización, análisis, reporte y difusión, contratados por autoridades públicas.

El Pleno acreditó, bajo el expediente IO-006-2015, que Especialistas en Medios, Delfos, SVS, Emilio Otero, así como las personas físicas que actuaron en representación de dichas empresas, manipularon los precios de las propuestas económicas y las cotizaciones en investigaciones de mercado llevadas a cabo por diversas dependencias públicas. Aunado a ello, los mismos agentes económicos coordinaron posturas y/o la abstención de propuestas técnicas y/o económicas en procedimientos de invitación a cuando menos tres personas.

Las prácticas referidas, que ocurrieron entre 2012 y 2016, tenían como propósito que Especialistas en Medios resultara favorecido con la adjudicación de los contratos de servicios de monitoreo. En este sentido, se acreditó que esta empresa, así como las personas que actuaron en su representación, coordinaban las propuestas técnicas y/o económicas, así como las cotizaciones que sus competidores debían firmar y presentar a las autoridades convocantes. El beneficio para los agentes que ayudaban a Especialistas era que los subcontrataba o les asignaba un servicio relacionado.

Lo anterior implicó arreglos anticompetitivos en al menos 24 procedimientos de contratación realizados por las siguientes autoridades: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Federal de Electricidad, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de Cultura, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Economía,  Presidencia de la República, Auditoría Superior de la Federación, Procuraduría Federal del Consumidor y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Las conductas fueron graves, pues impidieron que las autoridades convocantes obtuvieran las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio y calidad. Se estima que el precio adjudicado a Especialistas en Medios tuvo, por consecuencia de la colusión, un 14.5% de sobreprecio en promedio, lo cual causó un daño estimado en 3 millones 144 mil 865 pesos, recursos públicos que pudieron haberse asignado a cubrir otras necesidades.

Por lo anterior, el Pleno de la Comisión sancionó a los participantes de la colusión – tres empresas y 5 personas físicas – con multas que en conjunto ascienden a 7 millones 255 mil 121 pesos. Además, ordenó entregar la versión pública de la resolución a la Secretaría de la Función Pública y a los titulares de las dependencias públicas que resultaron afectadas por las prácticas, para los efectos legales a que haya lugar.

Una vez que se ha notificado a las partes, la Ley otorga el derecho a los agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la COFECE.

[1] Emilio Otero Cruz, persona física independiente que opera con el nombre comercial de Antena Informativa.

[2] Olga Guadalupe Mireles Aguirre y Raúl Serrano Macedo, en representación de Especialistas en Medios, así como María Guadalupe Irasema Ruíz Ávila y Josefina Castro Laguna, en representación de Delfos.

La Comisión Federal de Competencia Económica vela por la competencia y libre concurrencia. Con ello, contribuye al bienestar de las personas y al funcionamiento eficiente de los mercados. Con su trabajo busca mejores condiciones para los consumidores, que se ofrezcan más servicios de mayor calidad y que haya “un terreno de juego parejo" para las empresas.