COFECE-034-2015
- La Autoridad Investigadora de la Comisión indagará en este mercado para determinar si existen o no prácticas monopólicas absolutas.
- Esta investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad para verificar el cumplimiento de la Ley.
- En caso de que algún agente económico resulte responsable de cometer prácticas monopólicas podría ser sancionado hasta con el 10% de sus ingresos.
México, D.F., 05 de noviembre de 2015.- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) publicó hoy, en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de internet de la COFECE, el aviso por el que se informa el inicio la investigación por denuncia, expediente DE-006-2015, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la prestación de servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores en el territorio nacional.
Se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.
Dado el periodo en el que posiblemente se realizaron algunas de las conductas que dan origen a la investigación, ésta se efectúa con fundamento en el artículo 9º de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada el 24 de diciembre de 1992, así como en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), publicada el 23 de mayo de 2014, vigente al momento en el que se da inicio a este procedimiento.
En el aviso, la COFECE precisa que la investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Lo anterior toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la Ley Federal de Competencia Económica, ni el o los sujetos, a quienes en caso de ser considerados como probables responsables al término de ésta investigación, se les deberá oír en defensa.
Para el desarrollo de esta indagatoria la Autoridad Investigadora tiene entre 30 y 120 días hábiles, contados a partir de la fecha del acuerdo, en este caso a partir del 8 de mayo de 2015, mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones.
La Autoridad Investigadora es el órgano de la COFECE facultado por la LFCE para desahogar la etapa de investigación en los casos de probables violaciones a la Ley, para lo cual puede requerir informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan relación con los asuntos y realizar visitas de verificación.
Si al término del periodo de investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, la Autoridad Investigadora podrá proponer al Pleno el cierre de la investigación. En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
Conforme a la LFCE, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser sancionados en los siguientes términos: la orden de suprimir la conducta, inhabilitación hasta por 5 años para ejercer como directivos y multas hasta por 200 mil veces el salario mínimo a aquellas personas físicas que hayan participado en la conducta en representación de un agente económico, multas de hasta el equivalente al 10% de los ingresos económicos del agente económico responsable y de hasta por 180 mil veces el salario mínimo a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas. Además, las personas físicas que participen en la celebración, ejecución u ordenen este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir de 5 a 10 años de prisión.
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La Comisión Federal de Competencia Económica vela por la competencia y libre concurrencia.
Con ello, contribuye al bienestar de las personas y al funcionamiento eficiente de los mercados.
Con su trabajo busca mejores condiciones para los consumidores, que se ofrezcan más servicios
de mayor calidad y que haya “un terreno de juego parejo” para las empresas.
