La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) inició un procedimiento para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva en los servicios de transporte marítimo de pasajeros, en rutas con origen y/o destino en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicios relacionados. Esta indagatoria, expediente DC-001-2020, resulta necesaria para que, de detectarse la ausencia de condiciones de competencia efectiva, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como autoridad del sector de transporte marítimo, detone un proceso de regulación en dicho mercado, por ejemplo, el reglamentar tarifas o definir reglas de acceso entre competidores a la infraestructura, entre otros.

El transporte marítimo de pasajeros es de gran relevancia en Quintana Roo, ya que permite a los turistas visitar los principales puntos de interés en el estado, a los habitantes y trabajadores de la zona movilizarse de manera cotidiana para llevar a cabo su actividad económica. En el caso de las islas de Cozumel e Isla Mujeres este servicio es el principal medio de transporte a la parte continental de Quintana Roo. Según información de la Administración Portuaria Integral local (APIQROO)^[1], en 2019 los traslados mediante el transporte marítimo de pasajeros hacia Cozumel e Isla Mujeres fueron cercanos a los 5 millones de tickets (viajes sencillos).

El procedimiento para resolver sobre la existencia de condiciones de competencia efectiva en un mercado determinado tiene lugar cuando las leyes o reglamentos sectoriales prevean expresamente que la COFECE resuelva u opine al respecto. De no haberlas, compete a la autoridad correspondiente el instrumentar alguna regulación para eliminar los efectos que la falta de competencia ocasiona. En este caso, el artículo 140 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos establece que la SCT podrá emitir regulación de tarifas si la COFECE detecta la ausencia de condiciones de competencia efectiva.

Durante esta indagatoria, la Autoridad Investigadora puede solicitar información o documentación relevante a los reguladores del sector, requerirla a los agentes económicos que participan en el mercado y/o atender a cualquier persona que pueda coadyuvar con la indagatoria, así como hacer uso de otras facultades de investigación.

El 13 de julio pasado, la Autoridad Investigadora acordó el inició de esta indagatoria, para la cual cuenta con un periodo de al menos 15 y hasta 45 días hábiles, que podría ampliarse por una única ocasión por el mismo plazo. Después de ese lapso, de ser el caso, se emitirá un dictamen preliminar, para posteriormente recibir las manifestaciones de las personas con interés jurídico. Finalmente, el Pleno podría emitir resolución sobre la declaratoria de condiciones de competencia efectiva.