La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) publicó hoy, en su portal de internet¹, el aviso de inicio de la investigación de oficio, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los procedimientos de contratación pública relacionados con la adquisición, arrendamiento, servicios de mantenimiento y servicios administrados de tecnologías de la información y comunicación en el territorio nacional.

La investigación abarca los procedimientos de compra y/o arrendamiento de productos como computadoras de escritorio y portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras para cómputo, equipos de almacenamiento y productos relacionados, en el territorio nacional. Adicionalmente, la investigación incluye la contratación o compra de tecnologías de la información y comunicación como servicios de transmisión, licenciamiento de software, servidores de internet, además de los servicios de mantenimiento y servicios administrados relacionados con tecnologías de la información, por lo que, cualquier procedimiento de contrataciones de gobierno a través de compras públicas en el mercado investigado, sería susceptible de formar parte de esta investigación.

Esta indagatoria toma relevancia porque toda autoridad gubernamental, independientemente de su nivel de gobierno y facultades, requiere de tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus actividades, sobre todo en el contexto de la pandemia por Covid-19, en el que muchas autoridades debieron implementar el trabajo remoto derivado de las restricciones sanitarias.

Las prácticas monopólicas absolutas, objeto de esta investigación, son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.

De acuerdo con el Plan Estratégico 2022-2025 de la Comisión, las contrataciones públicas son un tema prioritario, dado que se utilizan recursos de los contribuyentes y deben asignarse de manera efectiva y en un marco de competencia para que estos maximicen su capacidad de compra en los mejores términos para la función pública. Según los Lineamientos para Combatir la Colusión entre Oferentes en Licitaciones Públicas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las autoridades adquirientes pierden hasta el 20% de sus recursos cuando existe un acuerdo colusorio entre los participantes en los procedimientos de contratación.

Esta investigación, identificada con el expediente IO-001-2022, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.

El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 31 de marzo de 2022, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones. Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de dicha práctica anticompetitiva, el Pleno resolvería su cierre. En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.

Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta por el 10% de sus ingresos. También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas. Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados con prisión de conformidad con el Código Penal hasta por 10 años. No obstante, es importante mencionar que quienes hayan participado en una conducta de este tipo pueden acogerse a los beneficios del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones que ofrece la Comisión.