La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) inició una investigación de oficio para determinar si se realizaron acuerdos ilegales entre distribuidores y/o exhibidores de películas en salas de cine en el territorio nacional. Inicio de investigación que, conforme a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), fue anunciado hoy en el portal de internet de la Cofece y en el Diario Oficial de la Federación.

La vigilancia de la LFCE en este mercado cobra importancia debido a que la exhibición de películas es una de las principales fuentes de esparcimiento de las familias. Tan solo en 2022, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, se vendió un número de boletos mayor a la población total de mexicanos residentes en territorio nacional, alcanzando cerca de 182 millones de entradas al cine. Además, los ingresos totales en taquilla para el mismo periodo ascendieron a 12 mil 25 millones de pesos, por lo que, en caso de existir un acuerdo ilegal -ya sea en la distribución o en la exhibición de películas, o en los otros servicios que se ofrecen en las salas de cine-, este impactaría de manera directa en las familias de nuestro país que asisten al cine.

Es importante recordar que, si bien se tienen indicios de que existieron acuerdos (conocidos como prácticas monopólicas absolutas, de conformidad con el artículo 53 de la LFCE), la investigación (identificada con el número de expediente IO-007-2022) no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Será hasta la conclusión de los trabajos de investigación que, en su caso, se identifiquen en definitiva violaciones a la normativa en materia de competencia económica.

Cabe mencionar que quienes hayan participado o coadyuvado en una conducta ilegal de este tipo, cuentan con la posibilidad de acogerse a los beneficios del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones que ofrece la Cofece.

En la Comisión, como parte de nuestro compromiso de sancionar e inhibir prácticas que atentan el bienestar de la población, trabajamos para perseguir toda conducta ilegal por parte de cualquier agente económico que atente contra la libre competencia y concurrencia.