COFECE detecta aplicación de regulaciones distintas entre competidores similares en el mercado de acceso a la infraestructura y servicios portuarios en Puerto Vallarta
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) decretó el cierre de la investigación DE-004-2016 por la posible comisión de una práctica monopólica relativa en el mercado de acceso a la infraestructura y prestación de servicios portuarios en los estados de Jalisco y Nayarit, específicamente en el recinto portuario de Puerto Vallarta. La indagatoria inició el 15 de marzo de 2016 a partir de una denuncia que señalaba que en este se podrían estar realizando actos para establecer ventajas exclusivas en favor de ciertos agentes económicos.
Después de un periodo de investigación, la COFECE determinó que no existen elementos suficientes para sustentar la realización de prácticas monopólicas relativas en el puerto de Puerto Vallarta. Sin embargo, detectó que a los distintos operadores de marinas se les aplican regulaciones diferentes, lo que podría tener un efecto en la determinación de sus contraprestaciones y tarifas, poniendo en desventaja a unos frente a otros para competir en el mercado.
De acuerdo con los resultados de la investigación, la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta (Apival), empresa de participación estatal mayoritaria, tiene la concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para administrar el recinto portuario. Además, opera directamente una marina turística en el puerto denominada Los Peines. Es decir, la Apival ejerce una doble función: opera una marina y a la vez es responsable de autorizar la operación de todas las marinas turísticas ubicadas en el puerto, mediante contratos de cesión parcial de derechos.
En este sentido, la marina turística Los Peines, que es operada y explotada por la Apival, compite directamente contra otras marinas operadas por particulares; sin embargo, la contraprestación que pagan por operarlas es distinta a la que realiza Apival.
Conforme a Ley Federal de Derechos, los operadores privados pagan una contraprestación de acuerdo con un avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); por el contrario, la Apival efectúa una contraprestación por la administración de todo el recinto portuario de Puerto de Vallarta, definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin que exista una contraprestación específica por la operación de la marina Los Peines. En los hechos, de acuerdo con la información obtenida durante la investigación, la contraprestación que paga la Apival por operar la marina Los Peines es significativamente menor a la de los competidores que operan en el mismo recinto portuario. Lo anterior impacta en la capacidad de competir de los distintos agentes económicos.
La existencia de regulaciones distintas podría estar generando desventajas entre los participantes del mercado, por lo que resulta relevante que la SCT revise esta situación y haga prevalecer condiciones de competencia entre las marinas, sin generar distinciones entre la pública y las privadas.
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