La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) inició una investigación de oficio por la posible realización de una concentración ilícita en el mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional.

De acuerdo con el Sistema de Cuentas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, la construcción y los servicios inmobiliarios representaron 17.7% del Producto Interno Bruto, y entre 2017 y 2020, los servicios inmobiliarios crecieron un 5.5%. Debido a su importancia para la economía nacional y su impacto en el bienestar de la población, este sector se definió como uno de los prioritarios para la Comisión en su Plan Estratégico 2022-2025 y por ello se mantiene una constante vigilancia de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en este.

Esta investigación (expediente IO-001-2023) no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, pues hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normativa en materia de competencia económica. Si al término de la investigación se encuentran elementos que presuman una violación a la LFCE, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa y manifestar lo que a su derecho convenga.

La Autoridad Investigadora exhorta a toda aquella persona u organización vinculada al mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional, a que, si conoce o tiene información que pueda ser relevante para esta investigación, la presente ante esta Comisión.

De comprobarse la realización de una conducta anticompetitiva, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados hasta por el 8% de sus ingresos y podría ordenarse la desconcentración total o parcial de la posible concentración ilícita. Por su parte, los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil UMA.

Con estas acciones, la Comisión refrenda su compromiso en sancionar e inhibir prácticas que atenten la economía nacional y el bienestar de la población, garantizando la libre competencia y concurrencia en los mercados.