La regulación es uno de los componentes esenciales que inciden en el funcionamiento de los mercados. Frecuentemente, las autoridades legislativas o ejecutivas de distintos órdenes de gobierno establecen leyes y regulaciones que limitan la entrada de nuevos competidores, otorgan ventajas exclusivas a ciertas empresas, restringen la oferta o reducen la capacidad de competir. Estas barreras regulatorias obstaculizan la competencia en los mercados en detrimento de las empresas y los consumidores. Asimismo, para entender por qué los mercados están concentrados, o tienen estructuras poco competitivas, la respuesta normalmente cabe en una de las siguientes tres hipótesis: 1) nunca hubo regulación; 2) sí hubo regulación, pero era inadecuada o 3) la regulación existe y es de calidad, pero no se aplica (o se aplica selectivamente). Derribar estas barreras regulatorias y lograr transitar hacia mercados competidos requiere de la corresponsabilidad de autoridades, legisladores y reguladores. La renovación de autoridades ejecutivas y legislativas presenta una importante oportunidad para que los representantes electos asuman dicha corresponsabilidad. En este contexto, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) presenta el documento Competencia económica, plataforma para el crecimiento 2018-2024 como herramienta de apoyo para quienes asumirán la tarea de diseñar e instrumentar políticas públicas durante la administración que transcurrirá entre 2018 y 2024, las cuales deberán potenciar la actividad económica en México.
The Federal Economic Competition Commission (COFECE or Commission) is an autonomous body created by the Mexican State which stems from the 2013 constitutional reform. COFECE’s purpose is to guarantee free market access and economic competition.Its powers are defined under article 28 of the Constitution and the Federal Economic Competition Law, and pursue several objectives. These include promoting a competition culture, as well as design and issuance (by public authorities and sectoral regulators) of laws and public policy which do not limit market competition. In accordance with such powers and with absolute respect to the 2018 electoral process, COFECE presents political parties and future candidates with this document, Economic Competition, a Platform for Growth 2018–2024, as a support tool for those who will undertake the task of designing and implementing public policy during the 2018–2024 administration, with the objective of enhancing economic activity in Mexico.
Se exponen las principales diferencias entre COFECE y PROFECO
La ficha expone los puntos centrales de la opinión de la COFECE respecto a las Empresas de Redes de Transporte, en donde se buscó que se reconocieran como nuevos servicios, garantizaran la seguridad y protección de los usuarios y siguiera existiendo diversidad de opciones de movilidad.
Se expone un caso sancionado por la COFECE en el cual se multó al Secretario de Desarrollo Rural de Jalisco y a líderes tortilleros del estado por propiciar un acuerdo ilegal para fijar el precio de la tortilla
Barreras regulatorias a la competencia establecidas en la regulación del transporte de Sinaloa que segmentaban artificialmente el mercado, restringían la oferta, otorgaban ventajas indebidas; concedían amplia discrecionalidad a la autoridad en el otorgamiento de concesiones y permisos, así como en la fijación de tarifas.
Pemex obligaba a las gasolineras a contratar el traslado de combustibles con pipas operadas por personal sindicalizado, lo que constituye en a venta atada que sanciona la LFCE.
La CFC no autorizó la operación Nestlé-Pfize, ya que al sumar sus participaciones de mercado la primera tendría el poder de fijar precios unilateralmente y/o restringir el abasto, sin que los agentes competidores pudieran contrarrestarlo.
Pemex obligaba a las gasolineras a contratar el traslado de combustibles con pipas operadas por personal sindicalizado, lo que constituye en a venta atada que sanciona la LFCE.
La COFECE impuso una multa de 23.6 millones de pesos a cinco agrupaciones de taxistas vinculados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM o Aeropuerto), así como a cuatro personas físicas, por el establecimiento de acuerdos colusorios. A continuación, los detalles de la investigación.
