Solicita COFECE al Gobierno Federal que analice interponer el medio de control constitucional que proceda en contra de Coahuila, por reforma a ley estatal que impone distancias mínimas entre gasolineras


COFECE-09-2017

CONTROL-CONSTITUCIONAL-COAHUILA-C

  • El Congreso y gobierno estatal aprobaron y publicaron una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para la entidad que podría vulnerar el derecho de libre comercio, así como los principios de libre concurrencia y competencia, tutelados por los artículos 5 y 28 constitucionales.
  • Promover la concurrencia y competencia en el mercado de expendio al público de combustibles, tiene un impacto en el número de gasolineras y la presión competitiva que se ejercen entre sí, lo que impacta directamente en los márgenes de ganancia de cada negocio y en el precio final.
  • Regulaciones estatales de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz también imponen distancias mínimas entre estaciones de servicio.

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.- La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) solicitó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que analice que el Gobierno Federal interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el medio de control constitucional que proceda en contra de una reforma aprobada y publicada el 24 de enero pasado a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, la cual restringe la oferta de estaciones de servicio para la venta de combustibles, al imponer requisitos de distancias mínimas entre éstas. Es la primera vez que la COFECE hace uso de esta facultad, que tiene por objeto promover marcos regulatorios consistentes con los principios constitucionales en materia de competencia.

La solicitud se basa en el hecho de que la norma referida podría vulnerar los artículos 5 y 28 constitucionales. Al respecto, cabe señalar que en ocasiones previas, la SCJN ha determinado que las disposiciones que fijan requisitos de distancia entre comercios de la misma clase son inconstitucionales. Asimismo, el máximo tribunal ha sostenido que el proceso de libre competencia y concurrencia es de interés social y orden público, por lo que los órganos del Estado deben privilegiarlo por encima del interés particular. 

La reforma cuestionada podría impedir el establecimiento de estaciones de servicio en ciertas zonas geográficas, sin que exista un fin válido que lo justifique. Por el contrario, la medida garantizaría márgenes de ganancia en favor de los agentes ya establecidos y reduciría opciones de abasto que podrían representar mejores condiciones de calidad y precio para los consumidores. El número de estaciones de servicio y la presión competitiva que ejercen entre sí en una localidad o zona, tienen impacto directo en los márgenes de ganancia obtenidos por cada unidad de negocio y, en consecuencia, en el nivel de precio final de la gasolina pagado por los consumidores.

En septiembre de 2015, la COFECE sugirió al Gobernador de Coahuila no promulgar ni publicar esta reforma que aprobó por primera vez el Congreso del Estado, la cual garantizaría exclusividad a las gasolineras ya establecidas en ciertas zonas, al prohibir la instalación de nuevos negocios del mismo giro en un radio de 1,500 metros en áreas urbanas y de 10 mil para el caso de áreas rurales con carretera. Si bien ese mismo año, el Ejecutivo Estatal devolvió el proyecto de Decreto a la legislatura local para revisarla a la luz de la opinión de esta Comisión, éste fue aprobado en sus términos originales. Por tal razón, la COFECE ahora solicita la interposición del medio de control constitucional.

Finalmente, cabe subrayar que Coahuila no es la única entidad en esta situación. Las regulaciones estatales de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz imponen barreras similares para las actividades de expendio de combustibles. En estos casos, la COFECE no puede solicitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad por tratarse de restricciones normativas que existen desde hace tiempo. Sin embargo, esto no exime a los gobiernos y congresos estatales de su responsabilidad de contribuir a una transición exitosa hacia mercados abiertos y competidos de combustibles que beneficien al consumidor.

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